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| Imagen creada con IA |
Costa Rica históricamente ha sido considerado en el mundo como un país que promueve la paz y se ha convertido en el único de la región en no contar con ejército. Sin embargo, en los últimos años principalmente desde el año 2000 en adelante ha visto incrementarse significativamente los niveles de inseguridad relacionados a grupos del crimen organizado y la evolución que estos han tenido. Aunque el país se ha caracterizado por su estabilidad política, social y por mantener una democracia consolidada, no ha podido escapar al interés de los mercados criminales por establecerse en suelo costarricense. Algunas características muy particulares como su posición geográfica estratégica y el interés de agrupaciones criminales en apoderarse de una zona que resulta muy lucrativa han creado el entorno ideal para la expansión de economías ilícitas provenientes principalmente del crimen organizado. Poder entender el funcionamiento de estos mercados resulta fundamental para estudiar los retos a los que se enfrenta el país en materia de seguridad y políticas públicas basadas en la prevención del delito.
Sin duda alguna uno de los mercados criminales más lucrativo y que ha tenido mayor impacto es el narcotráfico, la marihuana, pero especialmente el tráfico de clorhidrato de cocaína se ha convertido en el centro de interés de estas agrupaciones. Costa Rica se ha consolidado como un punto clave en las rutas internacionales debido a su ubicación entre los países productores de drogas del sur y los grandes mercados consumidores del norte de América y Europa. Los puertos que se ubican tanto en el pacífico, pero principalmente el puerto de Moín en el Caribe han sido aprovechados por redes nacionales con tentáculos internacionales para el envío de grandes cargamentos de droga. Dicho mercado ilegal repercute en la violencia que vive el país, ya que mucha de estas sustancias ilícitas se está siendo adquiridas por grupos delictivos costarricenses, lo que posibilita el surgimiento de economías paralelas basadas en el microtráfico, que impactan directamente comunidades con poblaciones vulnerables. Todas estas ganancias que obtiene el crimen organizado facilitan la legitimación de capitales, con la creación de negocios “mamparas” como los llamados prestamos “gota a gota” o la compra de grandes cantidades de cabezas de ganado, que permite introducir el dinero “sucio” al sistema bancario nacional.
Al lado del narcotráfico, otros mercados criminales han crecido con fuerza. El tráfico de armas se ha convertido en un componente esencial para las bandas dedicadas a disputas territoriales y ajustes de cuentas. Aunque muchas armas ingresan de manera ilegal, también existe un mercado de desvío desde fuentes legales, lo que complica los esfuerzos institucionales de control. Como menciona el ENACT (2023), “Costa Rica es un importante país de tránsito de armas ilícitas hacia el norte y el sur, que se sospecha proceden de Panamá o se trafican desde Nicaragua y Colombia” (p.3). En conjunto, los mercados criminales no solo generan ganancias para grupos delincuenciales del crimen organizado, sino que afectan la cohesión social, la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones del estado costarricense.
En la siguiente noticia del periódico El observador, se habla del operativo más grande en cuanto al personal judicial requerido para realizar una serie de allanamientos a una estructura criminal llamada “Cartel del Caribe Sur”, donde dos hermanos de apellidos Picado Grijalba, alias “Shock” y “Noni”, encabezaban un grupo criminal que dominaba el tráfico de drogas en la provincia de Limón y, además, enviaban grandes cantidades de droga hacia USA y Europa. También generó una gran cantidad de violencia en dicho sector por disputas con otras agrupaciones como la “H”.
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