Políticas de seguridad preventivas y de atención

 

Las políticas públicas se definen como un conjunto de decisiones y acciones desarrolladas por el Estado para dar solución a problemas y necesidades sociales (Ruiz, s.f). Por ejemplo, la formulación de leyes, proyectos o programas institucionales son formas de políticas públicas orientadas a cubrir una necesidad de la población y son de interés público. Las políticas públicas Se caracterizan por que nacen a partir de la identificación de un problema o necesidad pública, implican la toma de decisiones por parte de diversos actores, buscan el bien común y MIDEPLAN es el órgano encargado de formular y evaluar las estrategias y prioridades del gobierno. 

Las políticas de seguridad preventivas y de atención tienen como fin evitar que las personas realicen acciones delictivas. En este sentido, el delito nace de las condiciones específicas de las personas. Así, factores sociales como la pobreza, la discriminación, el desempleo pueden influir en la acción delictiva. Con el enfoque preventivo, se busca atacar las raíces que contribuyen en el delito, desarrollando programas con enfoques integrales en educación, deporte, que faciliten a recursos para evitar que se involucren en acciones criminales. Aguilera y González (s.f), resaltan que una política criminológica no debe enfocarse solo en lo criminal, sino que debe abordar las causas estructurales que contribuyen a que una persona cometa un hecho delictivo. Dentro de este enfoque, se pueden integrar acciones como mantener un buen alumbrado en zonas vulnerables, aumentar la presencia policial en áreas calientes, así como capacitar a comunidades en materia de seguridad, entre otras. La organización comunitaria es esencial en el enfoque preventivo porque involucra a las personas activamente en la seguridad de sus comunidades. En el siguiente video se puede analizar en que consiste la prevención del delito y la relevancia de generar acciones en pro de la prevención. 

 

Programas preventivos exitosos en nuestro país

  

En Costa Rica existen varios programas orientados a la prevención del delito. Entre ellos se mencionan los siguientes:  

• El programa de Violencia Intrafamiliar es un programa de capacitación para personal de la Fuerza Pública de manera que actúen correctamente en casos de violencia intrafamiliar. Busca también generar conciencia sobre la violencia en la sociedad. 
• El programa de Seguridad Comunitaria involucra a la comunidad en la prevención de la delincuencia. El programa capacita a vecinas y vecinos de comunidades para que se organicen y mejoren las condiciones de las comunidades. 
• D.A.R.E es otro programa preventivo que busca mantener a personas menores de edad alejadas de las drogas y la violencia. Esta capacita a madres y padres de familia y poblaciones jóvenes para prevenir acciones delictivas. 
• El programa de Seguridad Comercial es otro programa de prevención de la delincuencia en comercios. Busca que personas con negocios se capaciten para prevenir delitos es sus comercios. 
• Sembremos Seguridad es una estrategia a nivel nacional que se implementa en los 82 cantones del país con el objetivo de identificar necesidades y amenazas para prevenir delitos. Esta estrategia tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia. En el siguiente enlace se puede leer los informes y alcances de la política “Sembremos Seguridad”. 

 

Referencias

Aguilera, R. y Gonzáles, J. (s.f). Política criminológica y seguridad pública: un análisis alternativo desde la criminología crítica.

Ruiz, (s.f). Qué es una política pública. IUS Revista Jurídica.

UNA Comunica. (2022). UNA mirada prevención del delito [video youtube]. https://youtu.be/_1NGZiCZl6g?si=dIfnOJy0klYjJ2Fa

Reformas de Ley e iniciativas para mitigar el flagelo del narcotráfico, trata de personas, blanqueo de capitales u otros afines

Las leyes contra la delincuencia organizada en Costa Rica han experimentado un desarrollo y cambios significativos principalmente en los últimos años debido a los grandes desafíos crecientes derivados del narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado transnacional y el lavado de dinero. El ordenamiento jurídico del estado costarricense ha incorporado diversos instrumentos legales para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Actualmente se ha tratado de robustecer dicha normativa, es así como se dio la aprobación de la Ley N.º 10.369 contra el crimen organizado, firmada por el presidente de la república Rodrigo Chaves Robles.

Esta nueva norma introduce reformas significativas a la Ley contra la Delincuencia Organizada N.° 8754 (2009), que originalmente estableció las bases para la persecución penal de este tipo de estructuras criminales, acá se incluyen técnicas especiales de investigación como intervenciones telefónicas, mayor cantidad de fiscales y miembros del Organismo de Investigación Judicial. La Ley 10.369 fortalece la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, duplicando los plazos para la investigación, la etapa intermedia, el juicio y la prisión preventiva en comparación con la jurisdicción ordinaria, con el fin de garantizar que los casos complejos cuenten con el tiempo necesario para un análisis más profundo y una acusación con mayores elementos de calidad para ser presentados en las etapas de Juicio. De acuerdo con Madrigal (2023), “la nueva ley busca fortalecer los tribunales especializados en crimen organizado y que los casos vinculados a la delincuencia organizada se tramiten en una jurisdicción especializada con plazos más amplios” (s.p). 

Asimismo, la reforma complementa disposiciones de otras normas relevantes, como la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas (N.° 8204), pieza fundamental para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Esta ley no solo establece sanciones severas por la producción, tráfico y comercialización de drogas, sino que también desarrolló un régimen estricto de control financiero y prevención del blanqueo de capitales. La Ley N.° 10.369 ayuda a que los delitos derivados de estas actividades puedan ser procesados en una jurisdicción especializada con mayores capacidades técnicas y operativas.

Esta publicación del diario CR hoy, expone los alcances que tiene el crimen organizado en nuestro país, en este caso un sujeto líder de grupo delincuencial organizado con el alias de “Pancho Villa”, fue condenado a 6 años de prisión adicionales a la condena que ya descuenta por los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.  Estos seis tienen relación al intento de sobornar a una jueza de la república, para que testificara a su favor, valiéndose de una defensora para que esta fungiera como intermediaria. 

Referencias 

Madrigal, L. (2023). Chaves firma reforma a ley contra crimen organizado y promete que se publicará hoy en La Gaceta. Delfino. https://delfino.cr/2023/05/chaves-firma-reforma-a-ley-contra-crimen-organizado-resta-su-publicacion-en-la-gaceta

Murillo, J. (2025). Pancho Villa condenado a 6 años más de cárcel y abogada a 5 años por ofrecimiento de soborno a jueza. CRHoy.https://www.crhoy.com/nacionales/pancho-villa-condenado-a-6-anos-mas-de-carcel-y-abogada-a-5-anos-por-ofrecimiento-de-soborno-a-jueza/

Mercados Criminales

Imagen creada con IA

Costa Rica históricamente ha sido considerado en el mundo como un país que promueve la paz y se ha convertido en el único de la región en no contar con ejército. Sin embargo, en los últimos años principalmente desde el año 2000 en adelante ha visto incrementarse significativamente los niveles de inseguridad relacionados a grupos del crimen organizado y la evolución que estos han tenido. Aunque el país se ha caracterizado por su estabilidad política, social y por mantener una democracia consolidada, no ha podido escapar al interés de los mercados criminales por establecerse en suelo costarricense. Algunas características muy particulares como su posición geográfica estratégica y el interés de agrupaciones criminales en apoderarse de una zona que resulta muy lucrativa han creado el entorno ideal para la expansión de economías ilícitas provenientes principalmente del crimen organizado. Poder entender el funcionamiento de estos mercados resulta fundamental para estudiar los retos a los que se enfrenta el país en materia de seguridad y políticas públicas basadas en la prevención del delito.

Sin duda alguna uno de los mercados criminales más lucrativo y que ha tenido mayor impacto es el narcotráfico, la marihuana, pero especialmente el tráfico de clorhidrato de cocaína se ha convertido en el centro de interés de estas agrupaciones. Costa Rica se ha consolidado como un punto clave en las rutas internacionales debido a su ubicación entre los países productores de drogas del sur y los grandes mercados consumidores del norte de América y Europa. Los puertos que se ubican tanto en el pacífico, pero principalmente el puerto de Moín en el Caribe han sido aprovechados por redes nacionales con tentáculos internacionales para el envío de grandes cargamentos de droga. Dicho mercado ilegal repercute en la violencia que vive el país, ya que mucha de estas sustancias ilícitas se está siendo adquiridas por grupos delictivos costarricenses, lo que posibilita el surgimiento de economías paralelas basadas en el microtráfico, que impactan directamente comunidades con poblaciones vulnerables. Todas estas ganancias que obtiene el crimen organizado facilitan la legitimación de capitales, con la creación de negocios “mamparas” como los llamados prestamos “gota a gota” o la compra de grandes cantidades de cabezas de ganado, que permite introducir el dinero “sucio” al sistema bancario nacional. 

Al lado del narcotráfico, otros mercados criminales han crecido con fuerza. El tráfico de armas se ha convertido en un componente esencial para las bandas dedicadas a disputas territoriales y ajustes de cuentas. Aunque muchas armas ingresan de manera ilegal, también existe un mercado de desvío desde fuentes legales, lo que complica los esfuerzos institucionales de control. Como menciona el ENACT (2023), “Costa Rica es un importante país de tránsito de armas ilícitas hacia el norte y el sur, que se sospecha proceden de Panamá o se trafican desde Nicaragua y Colombia” (p.3). En conjunto, los mercados criminales no solo generan ganancias para grupos delincuenciales del crimen organizado, sino que afectan la cohesión social, la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones del estado costarricense. 

En la siguiente noticia del periódico El observador, se habla del operativo más grande en cuanto al personal judicial requerido para realizar una serie de allanamientos a una estructura criminal llamada “Cartel del Caribe Sur”, donde dos hermanos de apellidos Picado Grijalba, alias “Shock” y “Noni”, encabezaban un grupo criminal que dominaba el tráfico de drogas en la provincia de Limón y, además, enviaban grandes cantidades de droga hacia USA y Europa. También generó una gran cantidad de violencia en dicho sector por disputas con otras agrupaciones como la “H”.

Referencias 

ENACT. (2023). Índice global de crimen organizado. OCINDEX.NET/COUNTRY/COSTA_RICA 

Gómez, T. (2025). Caso Traición: 6 elementos que explican por qué “Caribe Sur” fue declarado cartel y no solo banda narco. Observador.cr. https://observador.cr/caso-traicion-6-elementos-que-explican-por-que-caribe-sur-fue-declarado-cartel-y-no-solo-banda-narco/ 

Afectación social, económica y política por la presencia del crimen organizado en Costa Rica.

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En las últimas décadas, el comportamiento del fenómeno criminal ha experimentado una notable diversificación, impulsada por múltiples factores sociales y tecnológicos. Por un lado, el control social informal se ha visto debilitado debido a cambios profundos en la dinámica comunitaria: la mayor movilidad social, la fragmentación de vínculos familiares y la disminución de la cohesión en los barrios han reducido la capacidad de las comunidades para regular conductas y detectar riesgos tempranamente. A esto se suma el impacto de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, que transforman la forma en que las personas se relacionan y amplían las oportunidades para actividades ilícitas.

Paralelamente, las instituciones encargadas del control social formal enfrentan un escenario cada vez más complejo. El crecimiento sostenido de delitos ligados al crimen organizado, junto con manifestaciones delictivas propias de la era digital como el cibercrimen, la trata de personas o el tráfico de drogas y armas revela estructuras criminales más sofisticadas, algunas con alcance transnacional. Estas organizaciones aprovechan vacíos institucionales y debilidades del Estado para consolidar y expandir sus operaciones.

En este contexto, la seguridad pública se ha convertido en uno de los temas más debatidos en Costa Rica. Aunque el país ha sido reconocido tradicionalmente por su estabilidad, altos niveles de bienestar y una sensación de seguridad superior a la de naciones vecinas, la realidad actual muestra cifras históricas de criminalidad. Entre los indicadores más alarmantes se encuentra el aumento sostenido de los homicidios, estrechamente relacionado con las disputas territoriales por el dominio y control del tráfico de estupefacientes entre grupos narcotraficantes.

Estas confrontaciones se expresan en hechos violentos como ajustes de cuentas, sicariato, extorsiones y estafas que, además de dejar víctimas directas y colaterales, deterioran la percepción de seguridad entre la ciudadanía. La presencia de focos de violencia extrema en espacios públicos también ha afectado la imagen del país y la sensación de tranquilidad en las comunidades. Según Baires (2024), “Costa Rica enfrenta una ola de violencia sin precedentes, debido a las disputas entre bandas de narcotraficantes que utilizan su territorio para transitar, almacenar, producir y vender drogas” (s.p).

Una de las consecuencias más graves del avance del crimen organizado es su capacidad de infiltrar instituciones estatales, lo que debilita la confianza en las autoridades y en la efectividad de las políticas de seguridad. Las cárceles no escapan a esta realidad: desde hace años enfrentan una crisis marcada por la planificación de delitos desde su interior, riñas entre bandas que disputan control territorial y la continuidad de extorsiones y estafas.

Finalmente, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel determinante en la construcción de opinión pública. Aunque permiten informar rápidamente, un tratamiento sensacionalista o descontextualizado puede distorsionar la comprensión del fenómeno criminal y reforzar la percepción de inseguridad, incluso más allá de la realidad objetiva.

El diario Cr Hoy habla sobre la extradición en proceso contra el exmagistrado Celso Gamboa, quien es un tema que ha saltado a la palestra por las distintas ocupaciones que ha tenido el señor Gamboa, quien ha figurado como magistrado, ministro de seguridad y otros cargos públicos que han motivado grandes discusiones incluso a nivel político sobre los vínculos que ha mantenido Celso Gamboa con grupos del narcotráfico y dentro de sus labores dentro de la función pública.

Referencias 

Baires, L. (2024). Costa Rica refuerza combate al crimen organizado. Dialogo Americas. https://dialogo-americas.com/es/articles/costa-rica-refuerza-combate-al-crimen-organizado/ 

Murillo, J. (2025). Ya inició recta final para extradición de Celso Gamboa tras separación de 3 jueces. CRHoy. https://www.crhoy.com/nacionales/ya-inicio-recta-final-para-extradicion-de-celso-gamboa-tras-separacion-de-3-jueces/