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| Imagen creada con IA |
En las últimas décadas, el comportamiento del fenómeno criminal ha experimentado una notable diversificación, impulsada por múltiples factores sociales y tecnológicos. Por un lado, el control social informal se ha visto debilitado debido a cambios profundos en la dinámica comunitaria: la mayor movilidad social, la fragmentación de vínculos familiares y la disminución de la cohesión en los barrios han reducido la capacidad de las comunidades para regular conductas y detectar riesgos tempranamente. A esto se suma el impacto de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, que transforman la forma en que las personas se relacionan y amplían las oportunidades para actividades ilícitas.
Paralelamente, las instituciones encargadas del control social formal enfrentan un escenario cada vez más complejo. El crecimiento sostenido de delitos ligados al crimen organizado, junto con manifestaciones delictivas propias de la era digital como el cibercrimen, la trata de personas o el tráfico de drogas y armas revela estructuras criminales más sofisticadas, algunas con alcance transnacional. Estas organizaciones aprovechan vacíos institucionales y debilidades del Estado para consolidar y expandir sus operaciones.
En este contexto, la seguridad pública se ha convertido en uno de los temas más debatidos en Costa Rica. Aunque el país ha sido reconocido tradicionalmente por su estabilidad, altos niveles de bienestar y una sensación de seguridad superior a la de naciones vecinas, la realidad actual muestra cifras históricas de criminalidad. Entre los indicadores más alarmantes se encuentra el aumento sostenido de los homicidios, estrechamente relacionado con las disputas territoriales por el dominio y control del tráfico de estupefacientes entre grupos narcotraficantes.
Estas confrontaciones se expresan en hechos violentos como ajustes de cuentas, sicariato, extorsiones y estafas que, además de dejar víctimas directas y colaterales, deterioran la percepción de seguridad entre la ciudadanía. La presencia de focos de violencia extrema en espacios públicos también ha afectado la imagen del país y la sensación de tranquilidad en las comunidades. Según Baires (2024), “Costa Rica enfrenta una ola de violencia sin precedentes, debido a las disputas entre bandas de narcotraficantes que utilizan su territorio para transitar, almacenar, producir y vender drogas” (s.p).

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